INVASION: OBJETIVO PAPEL PRENSA.

Papel Prensa tuvo su origen en el Decreto Ley Nº 18.312/69 del gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía en 1969. Por otro decreto 43/71 de 1971, siendo presidente de facto el general Marcelo Levingston, se licitaron las plantas para la provisión de 340.000 toneladas de papael para proveer a todos los diarios del país. Sólo una empresa se presentó a la licitación a través de César Civita y sus socios César Doretti y Luis Rey, de Editorial Abril de esa época -revistas "Claudia", "Siete Días", "Panorama", ec.
Recién en 1972 se aprobó el contrato con la recién fundada Papel Prensa. Se fijó la comisión directiva y síndicos aprobados por asamblea de accionistas pero propuestos desde el Estado. El decreto obligó al ex Banco Nacional de Desarrollo a extender garantías a Papel Prensa por 20.500.000 dólares de ese entonces además de numerosas exenciones impositivas. "El Poder Ejecutivo excedió las facultades conferidas por la ley de contabilidad y el decreto reglamentario para la contratación directa", dictaminó en su famoso juzgamiento de Papel Prensa el titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, doctor Ricardo Molinas, años después, en 1988.
El contrato que se estableció entre el Estado y Papel Prensa SA, establecía clases de acciones y que algunas podían transferirse pero no las "A" del "Grupo Fundador". El 26 de diciembre de 1973 el socio Luis Rey adquirió la totalidad de las acciones a los restantes encabezados por Civita y ese mismo día pasan al grupo Graiver que continúa la construcción de la planta y la llegada de capitales hasta su dudosa muerte el 9 de setiembre de 1976 en un misterioso accidente aéreo en México. Los militares que habían tomado el poder en Argentina seis meses antes.
Más que curiosamente, a los pocos días de la muerte de Graiver, las acciones clase "A" intransferibles, pasaron a manos de los dueños de los diarios "La Nación", "La Razón" y "Clarín" (también fue convocada "La Prensa" de Máximo Gaínza, pero no aceptó). Se realizó un "acuerdo extrajudicial" reconociendo derechos a Luis Rey del "grupo fundador" a fin de facilitar el pase fraudulento de las acciones.

El 2 de noviembre de 1976, se hizo el traspaso a los diarios de las acciones de Papel Prensa sin haberse resuelto la cuestión hereditaria de Graiver. Los herederos objetaron el bajo precio a que la Junta Militar los obligó a entregar las acciones. Luego de ceder el dominio de Papel Prensa los miembros del Grupo Graiver fueron detenidos, torturados e intervenidos en todos sus bienes para que no hubiera reclamo sobre los herederos que afectara la apropiación lograda por "Clarín" y sus socios. El general Ramón Camps, jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires durante el proceso militar, efectuó las detenciones.

El Estado, en manos del grupo económico que impulsó el golpe de 1976, financió con fondos de todos, la apropiación de Papel Prensa para los dos diarios Clarín, La Razón y La Nación. Gestionó además, dos préstamos obtenidos del Banco Español del Río de la Plata y del Banco Holandés Unido, sucursal Ginebra, por un total de 7.200.000 dólares a sola firma y sin aval ni otras garantías.
Héctor Magnetto, del monopolio Clarín, en 1988 dijo verbalmente al fiscal Molinas que lo investigaba, que el préstamo tenía el aval de una papelera internacional pero se negó a ratificarlo por escrito.
Molinas pidió "Acción pública contra los miembros de las Juntas Militares intervinientes, del secretario de Desarrollo Industrial de ese entonces, Raimundo Podestá, y del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz.
En la década de 1980 el diario "La Razón", de la familia Peralta Ramos presentó en quiebra y fue vendida al grupo "Clarín" la parte accionaria en Papel Prensa a muy bajo precio.